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lunes, 8 de julio de 2019

Fuertes Videos de Violencia Policial

Brutalidad policial es un término utilizado para describir el uso excesivo de fuerza física, asalto, ataques verbales y amenazas por policías y otras fuerzas del orden público. El término también se puede aplicar al mismo comportamiento de lo oficiales de prisiones. Está muy extendida en muchos países, incluso en aquellos que la persiguen.1​ La brutalidad es una de las formas de mala conducta policial, que incluye falsos arrestos, intimidación, represión política, racismo, abuso de vigilancia, abuso sexual y corrupción policial.
A lo largo de la historia, los esfuerzos que los cuerpos policiales han realizado se han visto estropeados por la brutalidad policial en algún grado. En el mundo antiguo, las entidades de vigilancia activamente cultivaron una atmósfera de terror, y el tratamiento abusivo fue repartido en la búsqueda de subyugación y control. Por ejemplo, el Nuevo Testamento registra muchos incidentes en la cual guardias romanos infligieron violencia injustificada a miembros de la creciente minoría cristiana. En los países de habla inglesa la mayoría de los departamentos de policía se establecieron en el siglo XIX. La investigadora Marilynn S. Johnson describe en uno de sus libros que era cuestión de rutina que las patrullas aporrearan a los ciudadanos con porras y cachiporras. Incidentes a gran escala se asociaron rápidamente a conflictos laborales como la Gran Huelga Ferroviaria (de 1877), la huelga Pullman (de 1894), la huelga textil de Lawrence (de 1912), la masacre de Ludlow (de 1914), la huelga del acero (de 1919) y la masacre de Hanapepe (Hawái, en 1922). En Estados Unidos, la aprobación de la Ley Volstead (popularmente conocida como Ley Seca) en 1919 supuso en las actuaciones policiales un impacto negativo a largo plazo. A mediados de 1920, el crimen fue creciendo en respuesta a la demanda clandestina de bebidas alcohólicas. Diezmados y con recursos limitados, muchas agencias de aplicación de la ley intensificaron el uso de prácticas ilegales. Durante la administración del presidente de Estados Unidos Herbert Clark Hoover (1929-1932), la cuestión se había elevado a la preocupación nacional y un Comité Nacional de la Ley de Observación y Control fue creado para examinar la situación. En los años siguientes al informe, fallos históricos de la Corte Suprema de Estados Unidos como Brown v. Mississippi ayudó a cimentar una obligación legal de respetar el debido proceso de las cláusulas de la Decimocuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.
En los Estados Unidos, la raza y la brutalidad policial siguen estando estrechamente vinculados, y el fenómeno ha provocado una serie de disturbios raciales en los últimos años. Especialmente notable entre estos incidentes fue el levantamiento causado por la detención y los golpes a Rodney King el 3 de marzo de 1991 por agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles. El ambiente fue particularmente volátil debido a que el hecho había sido filmado por un espectador y ampliamente difundida después. El hecho de que los cuatro agentes de policía acusados de asalto y otros cargos fueron absueltos, provocó que estallaran los Disturbios de Los Ángeles en 1992. En los últimos años, la brutalidad policial a menudo ha estallado en las cumbres mundiales donde los manifestantes han tratado de impugnar la legitimidad de las distintas instituciones de la globalización económica, tales como la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el G-8, y los regímenes de comercio internacional tales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Zona de Libre Comercio de las Américas. Los esfuerzos en estos eventos en lo referente al control de multitudes se caracterizan a menudo por el uso de medios no letales, como gases lacrimógenos, balas de plástico, tasers, y perros policía. Numerosos observadores de los derechos humanos han expresado su preocupación sobre el aumento de la brutalidad policial a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center.Un extenso informe preparado para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentado en 2006 afirma que en Estados Unidos, la Guerra contra el Terrorismo ha creado un clima generalizado de impunidad hacia los agentes del orden público, y ha contribuido a la erosión de lo que pocos mecanismos que existían para el control civil sobre las fuerzas del orden. Como resultado, la brutalidad policial y los abusos han persistido sin cesar e impertérrita en todo el país

jueves, 27 de junio de 2019

PanAm Post revela trama de corrupción de Juan Guaidó

De aquella imagen efervescente del 23 de enero a los días pálidos y confusos de junio, hay un trecho gigantesco. Ese Guaidó que levantaba simpatías por donde caminara, ahora levanta sospechas En la política, tal como en los negocios, si hay algo importante es saber aprovechar el momento. Si algo caracteriza a los grandes líderes de los fracasados, es precisamente ello, saber medir los tiempos, atacar cuando se debe atacar, defender cuando se debe defender, y aprovechar todos los recursos de los que se dispone, gestionándolos de forma exitosa para lograr un fin: la victoria. En algunas ocasiones el fanatismo exacerbado hace creer que las situaciones son de vida o muerte, como la final de algún partido de fútbol, o el cierre de algún negocio. Lo cierto es que esto es irrelevante si lo pones junto al evento de la política venezolana, en la cual la diferencia entre actuar o no hacerlo, se transforma en muertos, en pérdidas, en catástrofes. Aquí si aplicaría el «es de vida o muerte». Venezuela ha pasado a convertirse en un Estado fallido, con dos gobiernos que se desconocen mutuamente, y que a su vez no tienen el control del territorio en disputa. Mientras unos intentan ubicar el conflicto en plano jurídico, otros saltan al plano político, y otros, incluso al moral; lo cierto es que bien podría quedar todo ello en un último plano, pues el protagonismo es para las mafias que realmente controlan los diferentes territorios de la República. Un reciente artículo del diario británico The Guardian titulado «El arco minero de Venezuela: un revestimiento legal para que saquen los grupos armados» señala lo que todos los venezolanos conocen y que hace mucho dejó de ser un secreto a voces: mafias guerrilleras provenientes de Colombia se han apoderado de las minas de oro bajo la protección del Gobierno de Nicolás Maduro. Miembros de las FARC y el ELN han expandido su alcance a cientos de millas, trabajando en conjunto con miembros del ejército venezolano en la minería ilegal para beneficios personales. Se estima que al menos 300 000 personas trabajan en minas salvajes causando un tremendo daño ambiental y provocando una epidemia de malaria, cuyo alcance es difícil de precisar.
Venezuela tiene una de las reservas de oro y coltán más grandes del mundo, pero su riqueza mineral no acaba allí: también posee las más grandes reservas de petróleo, lo que en teoría, debería convertirlo en el país más rico de América Latina, pero curiosamente este exceso de riquezas y minerales, solo se ha traducido en pobreza para los venezolanos, azotados por bandas criminales y socialismo (perdón la redundancia). La revolución bolivariana, como ellos mismos la han hecho llamar, ha realizado alianzas con las peores bandas criminales y terroristas del planeta a lo largo de estos veinte años, convirtiendo a Venezuela en un criadero de extremistas radicales, narcotraficantes, pandillas, terroristas, saqueadores y demagogos cuya misión es levantar el manto para que los nombrados anteriormente puedan robar con la protección de la ley.
A los grupos provenientes del vecino país, se suman los activistas cubanos que llegaron al país disfrazados de médicos, fisiatras y otras profesiones, pero que en realidad fueron a cumplir tareas de vigilancia, santería y proselitismo político. Además de colombianos y cubanos, los iraníes se han encargado de invadir las arcas económicas de la nación gracias a las gestiones de Tareck El Aissami, quien, influenciado por su familiares en línea ascendente (entre los que destacan Shibli El Aissami, quien fuera secretario general adjunto del Comando Nacional del partido Baaz Árabe Socialista del fallecido Saddam Hussein y además vicepresidente de Siria, y su padre, apodado «Simón el árabe»), se consolidó una alianza con el Hezbolá, grupo político y paramilitar que tiene la finalidad de poner de rodillas a Occidente a través de la implantación de células terroristas con migraciones planificadas. A ello habría que sumarle los grupos paramilitares armados por el propio gobierno en las zonas populares del país, de los cuales han perdido por completo el control, y en la actualidad se dedican al secuestro, robo, y cobro de vacuna, como forma de subsistencia, bajo el amparo o la bendición del dictador.